Los promotores y constructores de 13 proyectos, por un monto de USD 1 126 millones de inversión, están a la esperan de una ordenanza que les permita contar con la aprobación municipal para arrancar o continuar obras, confirmó Jacobo Herdoíza, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).
El 80% de los proyectos se encuentra en los valles de Quito. De ellos, el de mayor inversión es la plataforma San Patricio, en Pifo, un complejo que incluye viviendas, oficinas, centros de comercio y un hospital.
El proyecto de ordenanza, que en julio de este año pasó el primer debate, busca normar los procedimientos para que las construcciones de gran envergadura en la ciudad puedan incrementar el aprovechamiento del suelo y que exista una retribución justa para la ciudad a fin de mitigar los impactos de la construcción.
La ordenanza contempla solamente a los Proyectos Urbanísticos Arquitectónicos Especiales (Puaes). Clasifican como tal las obras que superan una superficie de 10 000 m2 y que por su escala generan un cambio de la imagen urbana y el paisaje de la ciudad. Hasta diciembre pasado, el Concejo Metropolitano definía esa retribución o “compensación” a favor de la ciudad de acuerdo con un análisis por proyecto para que este pueda desarrollarse.
Por ejemplo, obras como el centro comercial Paseo San Francisco, Scala Shopping y el campus Nayón de la Universidad de las Américas construyeron intercambiadores para mitigar su impacto en el tránsito en sus zonas de influencia. Pero el funcionario indicó que los promotores siempre tuvieron la sensación de que aportaron más de lo que debían debido a la gran dimensión de los intercambiadores.
A finales del año pasado se propuso normar esta compensación. El tema está a cargo de la Comisión de Uso de Suelo del Municipio, que planteó una fórmula matemática y que hoy está en discusión. El pago puede ser en efectivo o en especie, pero ya no en obras como las que se solicitaban antes.
Aunque los 13 proyectos ya cuentan con aprobación de viabilidad técnica por parte del Municipio están parados por la falta de esta ordenanza. Pese a las demoras en la aprobación de la norma, Herdoíza dijo que la Comisión ya llegó a un acuerdo en la facilidad de pago, exenciones tributarias, entre otros.
“El 90% de la norma tiene consenso”, dijo y aclaró que el único punto en debate en el organismo, previo a la aprobación en segundo y definitivo debate en el Concejo Municipal, es la fórmula. Para la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (Apive), cada mes de retraso genera una pérdida equivalente al 1% de los 13 proyectos, que equivale a USD 11 millones.
“Los promotores están desesperados”, dijo Jaime Rumbea, director de este gremio, quien habló a nombre de los promotores. Mientras la ordenanza se resuelve, Apive solicita que se aplique el mecanismo que venía funcionando hasta diciembre pasado a fin de que no se frenen los proyectos.
El Secretario de Territorio reconoció que es “lamentable que en un momento en que se requiere agilidad por la recesión económica no se logre llegar a un consenso”, aunque consideró que la ordenanza es una herramienta necesaria para formalizar estos proyectos. El desacuerdo en la Comisión se centra en un tema conceptual. Por un lado, los concejales afines al Ejecutivo municipal buscan que la contraprestación económica no sea un egreso presupuestario que termine encareciendo el proyecto.
Una tasa del 4 al 10% sobre el costo total de la obra no sería un desincentivo a la inversión, explicó Sergio Garnica, presidente de la Comisión y concejal del Partido SUMA. Del otro lado están los concejales del partido de Gobierno, que hablan de caminar hacia una redistribución de la riqueza basada en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.
Su propuesta es utilizar la misma fórmula pero adicionar una tasa sobre la plusvalía, que puede llegar hasta el 17%, explica Jorge Albán, concejal por Alianza País y miembro de la Comisión.
Para Rumbea, la fórmula determinará la viabilidad de los proyectos. “Una incidencia sobre el 10% del costo total de la obra pone presión en su realización, con lo cual podría no ser económicamente viable”. La Comisión de Uso de Suelo tenía previsto reunirse el jueves pasado para definir la fórmula, pero se aplazó para mañana, indicó Garnica.
El 80% de los proyectos se encuentra en los valles de Quito. De ellos, el de mayor inversión es la plataforma San Patricio, en Pifo, un complejo que incluye viviendas, oficinas, centros de comercio y un hospital.
El proyecto de ordenanza, que en julio de este año pasó el primer debate, busca normar los procedimientos para que las construcciones de gran envergadura en la ciudad puedan incrementar el aprovechamiento del suelo y que exista una retribución justa para la ciudad a fin de mitigar los impactos de la construcción.
La ordenanza contempla solamente a los Proyectos Urbanísticos Arquitectónicos Especiales (Puaes). Clasifican como tal las obras que superan una superficie de 10 000 m2 y que por su escala generan un cambio de la imagen urbana y el paisaje de la ciudad. Hasta diciembre pasado, el Concejo Metropolitano definía esa retribución o “compensación” a favor de la ciudad de acuerdo con un análisis por proyecto para que este pueda desarrollarse.
Por ejemplo, obras como el centro comercial Paseo San Francisco, Scala Shopping y el campus Nayón de la Universidad de las Américas construyeron intercambiadores para mitigar su impacto en el tránsito en sus zonas de influencia. Pero el funcionario indicó que los promotores siempre tuvieron la sensación de que aportaron más de lo que debían debido a la gran dimensión de los intercambiadores.
A finales del año pasado se propuso normar esta compensación. El tema está a cargo de la Comisión de Uso de Suelo del Municipio, que planteó una fórmula matemática y que hoy está en discusión. El pago puede ser en efectivo o en especie, pero ya no en obras como las que se solicitaban antes.
Aunque los 13 proyectos ya cuentan con aprobación de viabilidad técnica por parte del Municipio están parados por la falta de esta ordenanza. Pese a las demoras en la aprobación de la norma, Herdoíza dijo que la Comisión ya llegó a un acuerdo en la facilidad de pago, exenciones tributarias, entre otros.
“El 90% de la norma tiene consenso”, dijo y aclaró que el único punto en debate en el organismo, previo a la aprobación en segundo y definitivo debate en el Concejo Municipal, es la fórmula. Para la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (Apive), cada mes de retraso genera una pérdida equivalente al 1% de los 13 proyectos, que equivale a USD 11 millones.
“Los promotores están desesperados”, dijo Jaime Rumbea, director de este gremio, quien habló a nombre de los promotores. Mientras la ordenanza se resuelve, Apive solicita que se aplique el mecanismo que venía funcionando hasta diciembre pasado a fin de que no se frenen los proyectos.
El Secretario de Territorio reconoció que es “lamentable que en un momento en que se requiere agilidad por la recesión económica no se logre llegar a un consenso”, aunque consideró que la ordenanza es una herramienta necesaria para formalizar estos proyectos. El desacuerdo en la Comisión se centra en un tema conceptual. Por un lado, los concejales afines al Ejecutivo municipal buscan que la contraprestación económica no sea un egreso presupuestario que termine encareciendo el proyecto.
Una tasa del 4 al 10% sobre el costo total de la obra no sería un desincentivo a la inversión, explicó Sergio Garnica, presidente de la Comisión y concejal del Partido SUMA. Del otro lado están los concejales del partido de Gobierno, que hablan de caminar hacia una redistribución de la riqueza basada en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.
Su propuesta es utilizar la misma fórmula pero adicionar una tasa sobre la plusvalía, que puede llegar hasta el 17%, explica Jorge Albán, concejal por Alianza País y miembro de la Comisión.
Para Rumbea, la fórmula determinará la viabilidad de los proyectos. “Una incidencia sobre el 10% del costo total de la obra pone presión en su realización, con lo cual podría no ser económicamente viable”. La Comisión de Uso de Suelo tenía previsto reunirse el jueves pasado para definir la fórmula, pero se aplazó para mañana, indicó Garnica.
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